Aunque en el resto del continente, parece superada la terrible historia de desapariciones forzadas de presos o de perseguidos por causas políticas o sindicales, en Colombia, es una trágica suma que no cesa.

Colombia se enorgullece de tener una larga historia de elecciones y transiciones institucionales, de poderes republicanos consolidados y separados. Sin embargo, es la democracia con más masacres, con más líderes indígenas asesinados (casi 100 en los últimos meses), con más dirigentes sindicales muertos por fuerzas militares o para militares y con millones de desplazados por la presión de la violencia política.

Hay cerca de 25 mil casos de personas desaparecidas por la represión oficial o desde la “para política”. Casi todos son pobres, son personas de las zonas rurales, de las veredas que no aparecen como noticia en la gran prensa citadina, mucho menos en el telenoticioso nocturno. Recién en el último tiempo algunos familiares comenzaron a organizarse y a denunciar caso por caso, sin mucha esperanza de una respuesta afirmativa del gobierno de Álvaro Uribe. Está lejos la conformación de una comisión de la verdad o de alguna instancia que atienda estos casos.

Aún más dramático asoma el futuro con las próximas elecciones pues en las listas de varios partidos aparecen familiares o testaferros de los principales presos, algunos ex congresitas, por los casos de la “para política”. Detenidos por el escándalo que impidió que sigan impunes, pero con la permanente oportunidad de continuar activos a través de diferentes métodos que los protegen de un proceso, de la condena.

Otro caso que no tiene calificativo es el de los “falsos positivos”, sutil nombre para esconder los falsos informes de policías y militares que asesinaban a jóvenes inocentes, casi todos campesinos anónimos, y los presentaban como guerrilleros comunistas para sumar “puntos” en su carrera profesional.

La desestructuración de la vigencia de los Derechos Humanos en ese país latinoamericano se agrava con la propia actitud del presidente Uribe. En pasados días ofreció pagar una suma de dinero, casi 50 dólares, a cada estudiante que se convierta en “sapo” (soplón) de la policía, denunciando a su compañero o conocido que hable a favor de la guerrilla o que esté involucrado en un delito. Aunque la opinión pública no fue favorable a la propuesta, se sabe que Uribe desde que era candidato proponía acabar con la guerra civil de baja intensidad y con la delincuencia creando una inmensa red de informantes, de espías, en el peor de los estilos del fascismo o del stalinismo.

Los activistas que intentan luchar por la justicia, por la verdad, por los derechos del hombre proclamados desde la Revolución Francesa (hace más de 200 años) son también perseguidos, apresados, torturados, asesinados, desaparecidos.

Casi todo sucede fuera de los circuitos urbanos, del centro comercial o administrativo y un silencio cómplice entierra dos veces a todos esos muertos. La prensa prefiere las noticias de Shakira o Juanes y la gente en la calle opta por su propia tranquilidad. Mientras las balas suenen lejos, no es asunto de preocupación.

Una tristeza que toda la violencia impida a Colombia fortalecer y exportar más su lado cultural, su música, su baile, su narrativa, su poesía, que sobreviven en medio de tanto estropicio.

Aunque en el resto del continente, parece superada la terrible historia de desapariciones forzadas de presos o de perseguidos por causas políticas o sindicales, en Colombia, es una trágica suma que no cesa.