Las declaraciones del presidente de la Republica, Evo Morales Ayma, sobre la corrupción que “se ha institucionalizado” en la administración publica del país son afirmaciones desmoralizantes solo para los que confunden los problemas con obstáculos insalvables y dichas posturas derrotistas favorecen a aquellos que intentan mantener a Bolivia en esas condiciones. Hay varias causas, la corrupción “institucionalizada” es el fantasma que las anteriores administraciones guardianes del imperio le han legado al actual Gobierno y persiste por la falta de consecuencia de principios entre los tres poderes del Estado, dos de los cuales (los más corruptos) aún están en manos de la oposición.

La determinación del gobierno boliviano de restringir la importación de vehículos con más de cinco años de antigüedad al territorio aduanero nacional fue la medida obligada para contrarrestar la invasión de motorizados “chatarra” al país. Para muchos, su carácter traumático, si bien ha afectado a pequeños grupos de poder enriquecidos a costa del Estado, ha permitido frenar en seco su internación. Esta medida fue asumida con mucha decisión por el gobierno y la ciudadanía comienza a entender la magnitud de los negocios a la luz de la pérdida de divisas. Bolivia se convirtió en importador de autos y exportador de divisas que salen necesariamente del producto de la actividad interna y de las exportaciones. No hay dónde perderse.

Después de casi cinco décadas de iniciarse los trabajos e investigaciones para explotar e industrializar hierro en la zona de El Mutún, ubicadas al sudeste de Bolivia, el sueño ha comenzado a ser realidad tras el acuerdo logrado con la empresa india Jindal Steel en julio de 2007.

Ahora sí. Por primera vez en la historia política de Bolivia, los ciudadanos concurrirán en siete días más a las urnas para aprobar una nueva Constitución Política que se asiente en la realidad nacional y no en propuestas de grupos de poder económico e intereses de grandes transnacionales que quieren mantener sus privilegios con un manejo corrupto del poder.

Pese a que los bolivianos exigen su vigencia desde todos los departamentos del país, la ultraderecha encaramada en el Parlamento ha impedido la aprobación en el Congreso de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Parecía que el proceso de dotarnos de una nueva Constitución Política del Estado culminaba en lo más próximo a un pacto o acuerdo nacional, pues en el nuevo texto se tomaba en cuenta las principales propuestas, dudas, requerimientos y hasta algunas majaderías de los partidos de oposición representados en el Congreso. Las decisiones de esa fecha eran aún mas importantes si recordamos que venían precedidas del fructífero diálogo realizado en Cochabamba, una vez frenada la asonada golpista de “cívicos” y prefectos opositores, mediante legítimos procedimientos democráticos, gracias a una vigorosa movilización social y a la oportuna mediación internacional.