Bolivia ya cuenta con las “cinco leyes estructurales” que por mandato de las disposiciones transitorias de la Constitución Política del Estado debían ser aprobadas antes del 22 de julio por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La última de ellas —La Ley Marco de Autonomías— ha sido sancionada antes del 17 de julio por el Órgano Legislativo y promulgada por el presidente del Estado Plurinacional pocos días después.
La aprobación de estas cinco leyes requiere, sin embargo, de un balance serio y objetivo, sin prejuicios y temores, para que el proceso constituyente que sigue en curso nos permita hacer ajustes, rectificar errores y profundizar aciertos.
Por un lado, Bolivia ya cuenta con parte de los instrumentos jurídico-políticos que se necesitan para construir el Estado Comunitario, Plurinacional y Autonómico que todos esperamos. Cerca de un centenar de leyes, que deberán ser tratadas y aprobadas en adelante, ya tienen bases institucionales sólidas que deberán tomar en cuenta y así formar parte de la nueva arquitectura estatal.
Seguramente, por el poco tiempo que se dispuso, la leyes contienen disposiciones que demandarán ajustes y rectificaciones. De eso no hay duda, más aún si se considera que la tarea de construir un nuevo Estado requiere de un esfuerzo enorme en un proceso de largo aliento.
Por otro lado, producto precisamente de la manera “maratónica” con la cual se aprobaron la leyes orgánicas se han producido vacíos que los legisladores están obligados a tomar en cuenta y llenarlos con el arduo trabajo que les queda por delante. Uno de los vacíos más evidentes es que no se ha producido la más amplia participación social y ciudadana, como manda la Constitución a la hora de hablar de la democracia participativa. El escaso tiempo complotó con el criterio de la participación.
El gobierno y los asambleístas que expresan al proceso de cambio deben de tenerle mayor confianza al pueblo y a su movilización. No queda duda que así como la movilización social fue determinante para aprobar la Constitución, convocar al referéndum constitucional y convocar a elecciones generales en diciembre del pasado año, la más amplia participación social y ciudadana será la suficiente garantía para derrotar las intenciones obstruccionistas que la oposición muestra en la Asamblea Legislativa.
La concertación y el consenso debe ser con los sectores sociales y productivos del país. Ciertamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero también es la manera, la más adecuada, de seguir “empoderando” a una mayoría de la población con el proceso de cambio. Ese desafío es vital para evitar brindar a la derecha de instrumentos y discursos para su línea opositora. La fortaleza del proceso de cambio, la legitimidad de sus conductores, nació de una protagónica participación que no es bueno perderla.
