El gobierno ha hecho bien en mantenerse firme en los alcances de un decreto supremo que sanciona drásticamente a los responsables de los accidentes de tránsito. Solo en enero la causa más importante de fallecimientos violentos ha sido el protagonizado por los servios de transporte departamental e interprovincial. De hecho se puede afirmar que los accidentes de tránsito, muchos de ellos con resultados fatales, se han convertido en la expresión más clara de la inseguridad ciudadana.

Durante cerca de tres días de tensión entre el gobierno y el sindicato de los transportistas, de los que dos transcurrieron en medio de un paro laboral de los segundos, la disposición legal, que el presidente ha pedido sea elevado a la categoría de ley, ha recibido el respaldo mayoritario de la población, no obstante que discursivamente algunas autoridades hicieron énfasis en sólo en uno de los aspectos: la sanción a los que conduzcan en estado de ebriedad.

Si se hace una clasificación estadística del estado de situación en la que han estado los conductores al momento de los accidentes, ciertamente no será difícil determinar que el alcohol aparece como el más importante. Sin embargo, ese no es el único. Tampoco será complicado demostrar que acompañan a ese factor otros relacionados con la ausencia de mantenimiento técnico de los vehículos, la poca experiencia en transitar por rutas de más de dos horas, la falta de señalizaciones, el pésimo estado de las carreteras y otros.

Es decir, a iniciativa de las autoridades del sector (Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte y la Autoridad en Fiscalización) y del Ministerio de Gobierno se ha dado un primer paso trascendental que, en el corto plazo, se traducirá en una baja de accidentes atribuibles al consumo de alcohol. Eso es algo que hay que aplaudir.

Lo que corresponde, empero, es avanzar en la reglamentación a la prevención de los otros factores de la inseguridad ciudadana relacionados con el uso de los servicios públicos de transporte. Seguramente no se tendrá que esperar mucho para tener, lastimosamente, un hecho de tránsito con resultados trágicos con un conductor sobrio pero con un descuido más allá de lo tolerable en el mantenimiento de su vehículo. Por ejemplo, en este caso, no es un secreto que cualquier propietario de un motorizado va caminando a los centros de inspección que organiza tránsito una vez al año y compra, con unos pesos adicionales, la roseta respectiva.

Por tanto, se ha empezado bien y solo la ciudadanía espera que el decreto se cumpla, que las reglamentaciones sean más precisas y que sus disposiciones se amplíen, mediante ley, a los conductores de vehículos privados y a los sujetos responsables de garantizar la seguridad de la población.