Bolivia está viviendo, sin lugar a duda alguna, una de las transformaciones sociales más importantes de su historia. Nuevas figuras en el escenario político y nuevos rostros en los espacios institucionales de la administración pública. En efecto, la inclusión social, como se la llama en las ciencias sociales de estos días, se hace patente en el cambio de la composición social de aquellos espacios que hasta hace algunos años estaban solo reservados para las familias extendidas que tradicionalmente se beneficiaron de las mieles del poder.

Así, las páginas de sociales de los periódicos prácticamente se vaciaron de los políticos tradicionales que entusiastas las poblaban en el pasado y actualmente solo de vez en cuando se ve a alguna autoridad gubernamental retratada cuando, al parecer con algo de desgano, cumple una actividad protocolar, pero claro, ahora sin lucir la simbólica corbata. De esa manera, quienes en el pasado solo ocupaban páginas de prensa en los aburridos suplementos de aniversarios patrios u otras secciones con un colorido tinte antropológico, hoy si bien no son protagonistas de las notas de sociales, sí lo son de las noticias de primera plana.

Sin embargo, aún hay mucho que hacer al respecto, pues la nuestra es una sociedad con una matriz neocolonial que no solo se afincaba en los espacios del poder público, sino que cruza a la sociedad en su conjunto, nos acostumbramos y por ello nos parece normal, a una perversa división del trabajo donde la peor parte se la llevaban los desheredados de siempre, pues como lo indicaba solo hace algunos años un estudio de la CEPAL, en Bolivia la pertenencia étnica es un factor fundamental que condiciona a ser pobre.

Ahora bien, en los últimos tiempos la inclusión social está asumiendo diversos caminos, uno de ellos es sin duda el nuevo ordenamiento constitucional que en general posee los resguardos necesarios para dar cuenta de la exclusión, pero más allá de ese marco legal que con el tiempo tendrá que asentarse en la cotidianidad, pues es sabido que la norma por sí misma no transforma la realidad, lo cierto es que más allá del discurso la gente está entendiendo por inclusión social su incorporación al mercado laboral. Y en un país como Bolivia, donde el Estado en todos sus niveles es el mayor empleador, estamos hablando sencillamente de la expectativa de alcanzar espacios en la administración pública por parte de aquellos que en pasado solo frecuentaron las ventanillas de atención al público, donde sea dicho de paso, eran muy mal atendidos.

De hecho muchas movilizaciones de sectores sociales en los últimos años tuvieron como objetivo esa demanda de inclusión en el aparato público, lo que ocasionó que mecánicamente los medios de comunicación las retrataran como una reminiscencia del tristemente célebre “peguismo” del pasado. Pero bien vistas las cosas estamos frente a un fenómeno, que si bien no guarda formas diferentes, en esencia tiene un contenido y contextos distintos.

De esa manera, estamos frente a la configuración de una nueva burocracia, como no podía ser de otro modo, pues ésta es una de las formas en las que se hace patente la transformación social que vivimos. Lo deseable es que junto a criterios que favorezcan la inclusión social y étnica, también los méritos profesionales sean una condición para convertirse en servidores públicos.

Sin embargo, cuando de burocracia hablamos, tampoco debemos olvidar esa degeneración que se vino en llamar el burocratismo, es decir la constitución de un segmento de administradores de lo público, que, por encima de liderazgos sociales y políticos, o de los propios movimientos sociales, adquieren progresivamente el control del poder.

Es decir, este fenómeno que un principio actúa como un mecanismo de igualación social, puede transformarse en una construcción perversa, ensimismada y meramente administrativa, que ya no responde a un proyecto o visión de país, sino a intereses de mandos superiores igualmente burocráticos que en virtud a una cadena de favores van creando sus propias parcelas de poder.

Esta construcción burocratizada del poder, es probable que tenga repercusiones mayores en las regiones, pues bajo el régimen de las autonomías, se aperturarán nuevos espacios de administración pública, en este caso local, pero igualmente permeable a las distorsiones del burocratismo. Asimismo, fruto de la reconfiguración del rol del Estado en la economía y la vida social del país, se acrecentarán los ámbitos públicos de gestión.

Si bien la burocracia es inevitable e inherente a la administración estatal de cualquier naturaleza, lo deseable es que ésta cumpla objetivos básicos, como ser concretizar en la realidad las políticas públicas y la nueva construcción institucional, pero sobre todo, hacer de la administración pública un espacio de servicio a la sociedad, guiándose para ello por un claro sentido del bien común.