Las críticas recientemente realizadas por el gobierno de Estados Unidos al desempeño de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico le han permitido al presidente Evo Morales valorar también el desarrollo del país del norte en sus patrones de producción, consumo y promoción de drogas. Los datos y opiniones chocan en un escenario que nuevamente aleja y enfrenta a estos dos países cuyas relaciones ya se encontraban en comprometedora situación, así como también recuerdan algunos episodios omitidos por los que lanzaron la primera piedra.

La preocupación que el departamento de Estado de EE.UU. expresa sobre, “la eficacia de las políticas y acciones antinarcóticos de Bolivia”, en su último informe anual sobre la lucha antidrogas, emitido el pasado lunes y dirigido al Congreso de ese país, provocó la reacción del gobierno boliviano, que en respuesta cuestionó varios puntos del documento y criticó la contradictoria política exterior de la Casa Blanca en este asunto.

El informe observa que la despenalización de los cultivos de hoja de coca bajo la primera gestión de Morales, que tuvo como slogan “coca no es cocaína”, ha aumentado la producción boliviana de esta droga en un 50%, además de aumentar su potencial de fabricación. “El Gobierno de Bolivia como política ha permitido el incremento de la producción de coca legal de acuerdo con su ley interna, pero contrario a las convenciones internacionales que Bolivia ha firmado”, dice el documento.

La hoja de coca es uno de los ingredientes básicos de la cocaína, sin embargo, en su estado natural es consumido tradicionalmente por los bolivianos que la mastican —pijchean—, la toman en mate o la utilizan para repostería. También es símbolo ancestral y sagrado de varios pueblos que habitaban estas tierras antes de la llegada de los españoles. Bolivia es actualmente el tercer productor de cocaína en el mundo, después de Perú y Colombia.

Además del excedente de cultivos de hoja de coca, otro aspecto que apunta el trabajo del departamento de Estado —sin ofrecer elementos probatorios— es la presencia de narcotraficantes mexicanos y colombianos en suelo boliviano, donde se han descubierto mega laboratorios de producción de cocaína con tecnología del último de estos países.

No lo niegan pero lo desmienten

Según el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, el aumento de hectáreas de hoja de coca durante la primera gestión de Morales no es de un 50%, tal como indica el informe estadounidense, sino que estas han pasado de 27.700 en 2004 a 32.000 hasta junio de 2009, lo que en realidad es un 7.3% de incremento.

También le correspondió al Jefe de Estado hacer algunas aclaraciones respecto de los campos de cultivo exedentarios mencionados, muchos de ellos en el departamento de La Paz, en la región de Los Yungas.

“En nuestra gestión debo reconocer, decimos la verdad que en algunas regiones del departamento de La Paz si ha habido (...) no de todos sino de algunos sindicatos y colonias. Nuestra responsabilidad como persuadir, convencer para reducir voluntariamente”, admitió , como lo dice una nota de la Agencia Boliviana de Información (ABI), en la cual el presidente luego recuerda cómo en anteriores gobiernos la erradicación se llevaba a cabo por la fuerza y vulnerando los derechos humanos de campesinos productores.

En el pasado, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia fue un dirigente sindical cocalero de la región del Chapare, del central departamento de Cochabamba. Durante ese tiempo sufrió los ataques de agencias como la DEA —Drug Enforsment Agency, por sus siglas en ingles— que incluso llegaron en una ocasión a hospitalizarlo. Toda esta carga contra los cultivos de coca se desarrollaban en el marco de una “Guerra Internacional contra las drogas” que ponía énfasis en los países productores de coca y no en los centros de consumo.

“El primer año 2006, reducimos 5.070 hectáreas; el año 2007 6.269 hectáreas, el 2008 5.486; la gestión 2009 6.341 hectáreas de reducción respetando los derechos humanos”, recordó con orgullo.

En el mismo marco, el presidente Morales también habló acerca de la presencia de narcotraficantes mexicanos y colombianos en suelo boliviano. “Sabemos exactamente que en México hay esos carteles (...) es fácil decir que los narcotraficantes se van a desplazar a otros países del continente (...) pero esta situación esta bajo control”, dio a conocer.

Entre el 25 y el 27 de enero de este año fueron descubiertos dos grandes laboratorios donde se procesaba cocaína en el departamento de Santa Cruz, en el oriente boliviano, en la localidad Vaca Guzmán y Clara San Pedro respectivamente. El segundo habría contado con tecnología colombiana, según notas de Erbol de aquellos días.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Quemado también se informó sobre Igor V.R., un fiscal de narcóticos del departamento de Beni que fue arrestado junto con tres policías por la incinerar harina en vez de cocaína. El viceministro Cáceres aseveró que, “no vamos a permitir que fiscales antidrogas estén implicados con el narcotráfico”.

“Reconocemos (...) pero no aceptamos el informe unilateral”, aclaró finalmente el presídete boliviano, según registró una nota del pasado miércoles del diario paceño La Prensa.

DEA, ATPDEA y premio a los mayores productores

El presidente Morales no se detuvo en la mención y explicación de datos de su país sino que cuestionó los motivos que llevaron al departamento de Estado a emitir dicho informe, así como señalar la contradictoria actitud que el gobierno estadounidense tiene respecto a los países de Latinoamérica, sea premiando a los mayores productores de droga con ventajas arancelarias o sea desprestigiando a gobiernos que no siguen su línea ideológica.

“Esos anuncios son solamente un instrumento político para sus objetivos hegemónicos o desprestigiar a Gobiernos como el boliviano”, denunció y luego continuó que, “no hay ningún programa alternativo, de manera intencionada (...) cortan el financiamiento, quieren que el Gobierno de Evo Morales fracase en su lucha contra el tráfico de drogas”.

Con mucha ironía, el Primer Mandatario explicó que, “para ser certificado por Estados Unidos y tener preferencias arancelarias hay que ser el primer productor del mundo de coca y cocaína”, aludiendo a las suspensiónes del ATPDEA a Bolivia los últimos dos años, mientras gobiernos como el peruano y colombiano continúan recibiendo esa ayuda a sus exportaciones a pesar de ser los mayores productores de cocaína en el mundo.

En directa alusión al carácter preferencial que Estados Unidos le da a sus socios políticos en esta parte de América Latina, Morales presentó datos en los que se podía ver que Bolivia tiene 30.000 hectáreas de hoja de coca, cifra inferior a Perú y Colombia que tienen 60.000 y 90.000 respectivamente, pero que sin embargo estos dos Estados recibían más ayuda económica. Así Bolivia cuenta con apenas 19 millones de dólares propuestos para 2010 en comparación con los 38 y 199 millones acordados para los países de Alan García y Álvaro Uribe.

El ATPDEA, que permitía el ingreso de productos bolivianos al mercado estadounidense sin el pago de ningún arancel a cambio de ejecutar políticas antinarcóticos, fue suspendido primero por el ex presidente estadounidense George W. Bush en 2008 y luego por el actual mandatario de esa misma nación, Barack Obama, en 2009.

En ambos casos el gobierno de Washington argumentó que se debía al poco esfuerzo que Bolivia le prestaba a la lucha contra el narcotráfico, no obstante, en la primera ocasión esta suspensión fue poco después de que Evo Morales declarara al embajador de EE.UU., Philip Goldberg, como persona “no grata”, expulsándolo del suelo del país por sospechas de conspiración contra el proceso de cambio luego de que se revelara que éste sostuvo reuniones clandestinas con líderes de la oposición en el marco de un intento de golpe de Estado que puso al país al borde de una guerra civil en septiembre de 2008.

En la segunda ocasión, esta vez bajo la administración Obama, la suspensión fue acompañada de observaciones a la nueva Constitución Política del Estado aprobada por el pueblo boliviano en referéndum nacional a principios de 2009, cuando las condiciones del ATPDEA se limitaban exclusivamente a la lucha contra las drogas. El nuevo titular de la Casa Blanca criticó la política de nacionalizaciones, el control de los sindicatos y la poca garantía de la propiedad privada.

Luego de descubrirse operaciones de espionaje que la DEA efectuaba sobre varios miembros del gobierno, incluyéndolo a él mismo, el presidente Morales expulsó en 2008 también a esta agencia, que en el pasado ya había estado involucrada en negocios relativos al narcotráfico.

Recordando todo esto, luego de descalificar el informe estadounidense, Morales rectificó las decisiones de su gobierno durante su primera gestión y resaltó que, “para Bolivia fue mejor la salida de los agentes de la Oficina anti drogas de Estados Unidos para el desempeño de las tareas de Bolivia contra el narcotráfico”.

Trajo a la memoria casos como el descubrimiento de una megafrábrica de cocaína en Huanchaca en 1985, que formaba parte del esquema de operaciones que la DEA sostenía en conjunto con la CIA —Agencia Central de Inteligencia, en castellano— en el marco de lo que luego seria conocido como Irangate o caso “Irán - contras”, operación que financiaba una guerra secreta de los EE.UU. contra el gobierno sandinista de Nicaragua con la venta ilegal de armas a Irán y con una sorprendente cantidad de cocaína que ambas agencias vendían en su propio suelo, en cooperación con carteles de droga colombianos.

En el caso Iran-Contra-Gate también se vio involucrado Luis Posada Carriles —considerado como uno de los terroristas más grandes del mundo, actualmente refugiado en Estados Unidos—, al respaldar esas acciones desde una base militar en El Salvador, escenario de disputa entre el rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército.

Esta droga que la CIA y la DEA vendían en su país —principalmente a poblaciones negras dentro de barrios pobres conocidos como “ghetos”— era distribuida desde Yucatán, Guatemala, donde había una hacienda de 16.000 hectáreas perteneciente a la poderosa organización mafiosa “Cartel de Medellín”, rumbo a Florida y Georgia.

Esta operación maquinada por el teniente coronel Oliver North bajo la administración de Ronald Reagan, es admitida por investigaciones del Congreso de los EE.UU. así como por la propia CIA. Uno de los principales delatores fue el espía Barry Seal, quien fue asesinado luego de dar información importante. También estuvo involucrado el Almirante John Poindexter, miembro del gobierno de Bush hijo.

La fábrica de Huanchaca fue descubierta accidentalmente por una expedición científica de bolivianos y españoles a la cabeza de Noel Kemp Mercado. Los miembros de dicha expedición fueron asesinados y luego otro diputado que investigaba el caso luego que éste detonara.

En el prontuario de la DEA en Bolivia también está el caso del narcoavión de 1995, el cual la agencia estuvo al tanto de un vuelo que transportaba 4 toneladas de cocaína hacia México, pero que fue capturado en Perú.

El papel contradictorio de la DEA, que muchas de las veces opera como centro de inteligencia política, fue puesto en evidencia en la década de los 80 por un ex agente de la agencia antidrogas, Michaele Levine, en un libro publicado en los Estados Unidos.

Producción y consumo dentro de los EE.UU.

El presidente de Bolivia también reclamó por el consumo de estupefacientes dentro de suelo estadounidense. “Es la demanda lo que la hace ilegal”, apuntó, recordando que el mayor mercado de cocaína en el mundo aún pertenece a los EE.UU.

La queja de Morales es respaldad por estudios de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en cuyos informes de 2009 y 2008 respectivamente indican que los EE.UU. no es solamente el mayor consumidor de cocaína en el mundo sino también el mayor productor de marihuana.

Según el “Informe anual sobre las drogas 2009, resumen ejecutivo” publicado por la ONU recientemente se menciona que a pesar de haber reducido su consumo “los Estados Unidos de América (...) sigue siendo el mayor mercado de cocaína del mundo. En 2007 unos 5,7 millones de personas consumieron cocaína por lo menos una vez el año anterior en los Estados Unidos”.

Por su lado, el trabajo de la JIFE observa que, “en 2008, la prevalencia del abuso de cocaína (comprendido el “crack”) en los 12 meses anteriores entre la población de los Estados Unidos de 12 o más años de edad fue del 2,1%: 5,3 millones de consumidores (en comparación con 5,7 millones en 2007)”.

Pero no es solo el consumo, este último documento también revela que, “se estima que la cantidad total de cannabis producida ilícitamente en los Estados Unidos puede ser superior a la cantidad total de cannabis que hay en el país que ha sido producida ilícitamente en otros países”. Aún peor, “continúa aumentando la potencia de las muestras del cannabis incautado en los Estados Unidos; el contenido medio de THC del cannabis incautado excedió del 10% en 2008, la concentración más alta jamás registrada en el país”, recalca el informe.

Morales asegura que el informe es un ataque a los pueblos de Latinoamérica que busca aumentar la hegemonía de EE.UU. en la región. Su publicación coincide con la última gira de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, por varios Estados del cono sur y que buscará “reforzar la presencia” de su gobierno en esta parte hemisferio, tal como lo admite un artículo de Merle David Kellerhals Jr., redactor de la página Web del departamento de Estado.

Las tensiones entre gobiernos latinoamericanos del corte del que dirige Morales y los Estados Unidos se han incrementado en los últimos meses por el acuerdo colombo-estadounidense para instalar otras siete bases militares en Colombia y por la reactivación de la IV Flota.