Por otra parte la CPE establece cuatro unidades territoriales básicas en torno a las cuales se organiza territorialmente el Estado: departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. Esta organización territorial básica es la base para la implementación de gobiernos autónomos de acuerdo a las siguientes especificidades.

Las entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas (IOCs) pueden conformarse a partir de:

a)    Territorios indígena originario campesinos, mediante un trámite administrativo de conversión de la Tierra Comunitaria de Origen-TCO en territorio.

b)    Distritos municipales

c)    Municipios

Su constitución como autonomías indígena originario campesinas se realizará mediante consulta y la aprobación de un Estatuto autonómico, que es el que establecerá los órganos e institucionalidad para el ejercicio de su Gobierno. La agregación de estas entidades territoriales podrá dar lugar a Regiones indígena originario campesinas.

Con relación a los espacios de planificación y gestión territorial en el ámbito local; al obviar la mención al Cantón como parte de la organización territorial del Estado, la CPE deja abierta la posibilidad para que los Gobiernos Municipales definan los espacios de planificación al interior de su jurisdicción, mediante los Distritos Municipales, en los que puedan desconcentrar y descentralizar la gestión pública municipal.

En el caso de las regiones, éstas, conformadas por varios Municipios o provincias al interior de los Departamentos, para superar la fragmentación territorial poco funcional al desarrollo que suponen las actuales provincias, y en base a criterios culturales, lingüísticos, históricos, económicos y ecológicos, las regiones se constituirán como espacios de planificación y gestión.

Las regiones que se hayan conformado podrán optar por constituirse en autonomía regional, a iniciativa de los Municipios que la conforman, vía referendo y con la aprobación de su Estatuto autonómico. Contarán con un órgano ejecutivo y una Asamblea Regional sin facultad legislativa, elegidos por voto.

Implementación asimétrica, gradual, solidaria y democrática de las autonomías
La nueva Constitución Política del Estado contiene una profunda transformación estructural del Estado, especialmente en la distribución territorial del poder que implica enfrentar los siguientes desafíos:

1.    Gestión, planificación y organización territorial: hacia la gestación de Pactos Territoriales.

    Se requerirán escenarios de concertación especialmente entre Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) al interior de cada Departamento para garantizar mínimos niveles de gobernabilidad democrática en la implementación del régimen de descentralización político-administrativa con autonomías establecido en la CPE. Para ello será necesario instaurar Consejos Autonómicos Departamentales con participación de todas las Entidades Territoriales Autónomas en cada uno de los Departamentos. En dichos Consejos se deberá armonizar aspectos referidos a la organización territorial especialmente en lo que se refiere a la definición de jurisdicciones territoriales como base para una efectiva gestión, planificación y organización territorial para el desarrollo de los pueblos y comunidades interculturales que habitan en cada territorio.

2.    Base material de las autonomías: hacia un Pacto Fiscal

    La manera en la que el Estado ha encarado la descentralización fiscal-financiera, ha dado como resultado asimetrías intra e inter departamentales ocasionadas por el actual sistema de distribución de recursos, fundamentalmente provenientes de los recursos generados por impuestos y regalías a la comercialización de recursos naturales no renovables. En el Cuadro se pueden observar claramente las asimetrías regionales en la distribución per cápita a cada Departamento por recursos transferidos a Prefecturas y Gobiernos Municipales. Con excepción de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria municipal, cuya distribución se basa en criterios poblacionales y hace que el ingreso asignado a Municipios sea igual para todos los Departamentos, existe una inequitativa distribución territorial del resto de los ingresos (ver cuadro).

    Como se puede observar La Paz es el Departamento menos favorecido con la distribución de recursos. No recibe regalías, apenas un reducido fondo de compensación y por supuesto es el que menos recursos per cápita recibe por concepto del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH). No hay correspondencia entre lo que La Paz aporta al país con lo que recibe de transferencias del Estado para sus gobiernos municipales y administración departamental.

    Un urgente Pacto Fiscal deberá establecer y garantizar la universalización mínima de cobertura de servicios públicos para toda boliviana y todo boliviano independientemente de dónde viva y a partir de la cual cada Entidad Territorial Autónoma pueda desarrollar políticas públicas para mejorar coberturas o la calidad de los servicios. La única manera de lograr esto —salvando el 11% de las regalías departamentales constitucionalizadas que corresponde a los Departamentos productores de Hidrocarburos—, es estableciendo una redistribución de los recursos que genera el Estado, especialmente por la explotación de los recursos naturales; que sea equitativa considerando al menos criterios de población, tamaño del territorio e índices de pobreza.

3.    Asignación y ejercicio competencial: hacia un Pacto Competencial

    La CPE establece cuatro tipos de competencias: privativas del nivel central del Estado, compartidas y concurrentes entre todos los niveles del Estado y exclusivas de cada uno de los niveles. Así definidas las modalidades de asignación competencial permiten establecer que cada Entidad Territorial Autónoma podrá:

a)    Legislar, reglamentar y ejecutar respecto a sus competencias exclusivas.

b)    Desarrollar legislativamente una Ley Básica nacional, reglamentarla y ejecutarla respecto a las competencias compartidas.

c)    Reglamentar y ejecutar la ley nacional respecto a las competencias concurrentes, así como respecto a aquellas, que siendo competencias nacionales exclusivas, su reglamentación y/o ejecución le sean delegadas o transferidas por ley.

    En base a las cuatro modalidades de asignación competencial, la CPE distribuye 199 competencias entre el nivel central del Estado, y las Entidades Territoriales Autónomas (Departamentales, Municipales e Indígena Originaria Campesinas) a excepción de la autonomía regional que recibirá las competencias que le sean conferidas por el Gobierno Autónomo Departamental.

    Será necesario armonizar la aplicación de los Estatutos Autonómicos de cada Departamento con las Cartas Orgánicas de cada Gobierno Municipal y Estatutos Autonómicos Indígena Originario Campesinos; así como la legislación departamental, municipal e indígena que se elaborarán en el marco de las competencias exclusivas de cada Entidad Territorial. Muchas competencias exclusivas, por la manera como están formuladas, requieren de una armonización legislativa para evitar superposiciones competenciales en su aplicación. Un ejemplo de ello es el turismo que está contemplada como competencia exclusiva de cuatro niveles territoriales: el nivel central del Estado legisla sobre políticas generales de turismo; el Departamento legislará sobre políticas de turismo departamental; los Municipios legislarán sobre políticas de turismo local; y las Autonomías indígenas legislarán en políticas de turismo. Es deseable que las controversias competenciales puedan ser solucionadas en un escenario de concertación, de lo contrario las mismas deberán ser resueltas por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

4.    Control de constitucionalidad

    La elección y composición del TCP es compleja y requerirá un tiempo mayor del que se desearía, por ello, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá acelerar la aprobación de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; hacer la preselección respectiva y convocar a elecciones en el transcurso del año 2010. El rol que tendrá el Tribunal Constitucional Plurinacional será determinante para la implementación del proceso autonómico por cuanto la CPE le asignó la responsabilidad de ser única instancia en conocer y resolver conflictos y recursos de: i) inconstitucionalidad de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas; ii) competencias y atribuciones entre órganos del poder público, y entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas, y entre éstas últimas; y iii) impuestos creados, modificados o suprimidos (CPE, Art. 202, 1-4). Esto amerita que el Tribunal Constitucional Plurinacional tenga una Sala Competencial especializada que atienda exclusivamente estos procesos.

Desafíos legislativos

Para facilitar la implementación gradual, asimétrica, solidaria y democrática del régimen autonómico contemplado en la CPE, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la enorme responsabilidad de aprobar prioritariamente al menos las siguientes leyes:

a)    Ley marco de autonomías

    La Ley Marco de Autonomías deberá regular, entre otros aspectos: i) el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas; ii) la transferencia y delegación competencial; iii) el régimen económico financiero; iv) la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas; y v) la conformación de regiones y autonomías indígenas. La Ley Marco de Autonomías deberá ser aprobada por dos tercios de votos, de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (CPE, Art. 271), y en un plazo no mayor a 180 días de instalada la misma (CPE, Disposición transitoria segunda).

b)    Ley de municipalidades adecuada a la CPE
 
 La actual Ley 2028 de Municipalidades, todavía vigente, debe ser adecuada al régimen autonómico establecido en la nueva Constitución Política del Estado. Hasta que los Municipios no logren aprobar sus Cartas Orgánicas y éstas entren en vigencia deberán regular su funcionamiento en base a esta Ley.

c)    Ley de unidades terroriales

    De acuerdo al Art. 269, Inc. II, de la CPE, “La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la Ley”. Por lo que la Ley de Unidades Territoriales establecerá el procedimiento de creación, modificación y delimitación de Unidades Territoriales considerando al menos tres mecanismos a los que podrían recurrir las partes en conflicto: i) concertación entre Unidades Territoriales, con plazos y procedimientos definidos; ii) proceso legal-administrativo con plazos y procedimientos simplificados, y iii) referendo en las áreas de disputa. Así mismo ésta Ley deberá establecer la creación del Instituto Nacional de Límites, entidad con autonomía de gestión técnico-administrativa, instaurada como máximo y único tribunal técnico-administrativo para conocer y dirimir sobre esta materia, pudiendo las partes involucradas en el conflicto apelar en última instancia al Tribunal Supremo de Justicia.


4    Fabián II Yaksic Feraudy, fue Viceministro de Descentralización, en la primera gestión de gobierno del Presidente Evo Morales; y Oficial Asesor Responsable de Autonomías, encargado de elaborar el Anteproyecto de Carta Orgánica, del Gobierno Municipal de La Paz. Es Diputado Nacional electo, por la Circunscripción 9 de La Paz.