En el territorio beniano se pueden reconocer más de 19 pueblos indígenas, unos que fueron tempranamente reducidos y otros nunca. Y en este contexto, los pueblos que tienen mayores problemas en el acceso y ejercicio a la identidad, el nombre, y la ciudadanía, son los pueblos no reducidos o tardíamente reducidos, que cabalmente son los que mantienen vivos sus órdenes normativos y prácticas culturales propias, mientras que los pueblos tempranamente reducidos ya sufrieron procesos de estandarización, principalmente de sus sistemas de parentesco y matrimonio, por tanto son menos indocumentados, tienen menores problemas de errores en sus documentos, sus derechos individuales y por tanto colectivos, son menos negados.

La diversidad de pueblos y culturas se expresa, en el variable tamaño de las poblaciones, de formas de asentamiento, vivienda, y tipos de familia. Distintos sistemas de residencia, de matrimonio y de filiación. Distinta manera de definir el nombre de las personas, de la circulación de productos y herencia. Por tanto, uno de los desafíos de la construcción de la nueva Bolivia, tiene que ver con nuestros límites de tolerancia para facilitar el acceso y ejercicio al derecho a la identidad, al nombre, y a la ciudadanía, en una sociedad y estado plurinacional.

Una serie de requisitos y trabas burocráticas transforman los documentos de identificación personal (llámese “Certificado de nacido vivo”, “Certificado de Bautismo”, “Certificado de Nacimiento”, Carnet de Identidad, y hasta Certificado de Carnet de Identidad, etc, etc..) en la puerta que bloquea el reconocimiento legal a la existencia, a la identidad, y a las ciudadanías. A nuestro actual estado y a sus operadores, le interesa garantizar más su propia seguridad que los derechos y libertades de los ciudadanos y colectividades. El desconocimiento al derecho al nombre, a la identidad, y a la ciudadanía, es la expresión más intolerable de la debilidad de nuestra democracia. No solo apunta a problemas relativos a la pobreza y marginalidad (trámites caros en diversas instituciones de difícil acceso), problemas que tienen que ver con la cultura y práctica política (Partidos Políticos que “facilitan” documentación a la gente e incluso modifican sus datos o distribuyendo documentos falsos); problemas relativos a la pobreza de recursos políticos institucionales (oficinas de identificación personal que no cuentan con equipamiento y recursos suficientes).

Esta es una problemática trabajada durante más de 5 años por el “Consorcio por la Participación Ciudadana” CPC, del que es parte la Confederación de Pueblos Indígenas CIDOB, a cuyas propuestas nos sumamos. Es necesaria una reforma estructural del marco normativo e institucional referido al Registro Civil y el Derecho a la Identidad y la Ciudadanía, que supere estos problemas.

Actualmente La Ley de Registro Civil contiene muchos aspectos que no se adecuan a la nueva realidad social y administrativa del país. Si bien se han hecho reformas, adicciones y complementaciones mediante otras leyes y decretos, los problemas siguen existiendo, lo que nos muestra que no son suficientes ajustes parciales sino una Reforma total.

La gratuidad del servicio, como obligación del Estado. La creación de Direcciones en todas las autonomías. En el caso del Beni es muy importante el ámbito de las TCOs. Establecer la condición de funcionario público al Oficial de Registro Civil, considerando que el Estado es el principal responsable e interesado en el Registro Civil, y de esta manera se resuelve los problemas derivados de los gastos de funcionamiento de la Oficialia y los honorarios del Oficial, ahora cargados al ciudadano. Se debe considerar pruebas iniciales para acreditar el nombre, la identidad, la filiación, el estado civil, etc, incorporando a la Comunidad en las certificaciones necesarias.

Se debe reducir la vía judicial de los trámites de corrección referida a datos personales, excepto en ciertas situaciones que ameritan esta vía. Se debe establecer la reducción de certificado de nacimiento y la cedula de identidad, a un solo documento, remitirse por separado a entidades diferentes, que muchas veces no coordinan y aplican, discrecionalmente, medidas para recabar información para probar la validez del trámite. Esto supone que la Ley Nueva establezca la creación de un solo Registro, a cambio de una sola entidad administradora y, en la medida de lo posible, sea un Servicio Nacional de Ciudadanía y Documentación Personal. La organización territorial del Servicio responde todavía a la vieja división política administrativa del Estado, y de los cambios emergen las diversas autonomías y particularmente las TCOs (tierras comunitarias de origen).

*    Historiadora. Investigadora de CIDDEBENI, senadora suplente del MAS e integrante del “Colectivo Beniano de Reflexión”.